Mientras
al actual jefe naval, Almirante Edmundo González, le resta sólo un mes
en el cargo, la elección de su reemplazante, que debe ser nominado entre
fines de mayo y principios de junio para asumir a mediados de este
último mes, es esperada con expectación y preocupación.
La designación del oficial que debe
suceder al Almirante Edmundo González Robles como Comandante en Jefe de
la Armada de Chile, ya ha entrado en una cuenta regresiva, cuando al
actual jefe naval le queda sólo un mes para completar el periodo de
cuatro años que le permite la ley.
Distintos observadores coinciden en que
la designación es esperada con expectación, por un lado porque la
gestión del Almirante no ha sido particularmente satisfactoria a los
ojos del Gobierno, y por otro porque esa gestión, caracterizada por la
introducción de cambios a la planificación de largo plazo heredada de
sus predecesores.
Esto último ha generado también
tensiones y disensos dentro del propio alto mando de la Marina,
institución que es más adepta al diseño e implementación metódica de
planes de mediano y largo plazo que el Ejército y la FACH, donde la
llegada de un nuevo jefe normalmente se traduce en nuevos planes.
Debido a eso, dentro de la Armada se
espera que el sucesor del actual comandante en jefe devuelva los planes
navales al curso trazado con anterioridad.
La nominación del sucesor de González
debe ser decidida por el Presidente de la República y anunciada hacia
fines de mayo o principios de junio, en tanto que el cambio de mando
mismo debe tener lugar en la tercera semana de junio.
El nuevo jefe naval debe ser elegido de
entre los cinco primeros oficiales que le siguen en orden de antigüedad
en el escalafón de oficiales de línea de la marina. Ellos son, por orden
de antigüedad descendente, el Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin,
jefe de la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante
(Directemar); el Vicealmirante José Miguel Romero Robles, jefe del
Comando de Operaciones Navales; el Vicealmirante Cristián De la Maza
Riquelme, Jefe de la Dirección de los Servicios; el Vicealmirante
Kenneth Pugh Olavarría, Director del Personal; y el Vicealmirante
Francisco García-Huidobro Campos, Jefe del Estado Mayor General de la
Armada.
De entre los nombrados, el Vicealmirante
Enrique Larrañaga es el favorito del Almirante González y, según
distintos observadores, es muy bien recibido en el Ministerio de
Defensa, donde con seguridad avalarían su nominación, y es también bien
visto desde otras reparticiones de gobierno con las cuales trata
regularmente en su condición de jefe de la DIRECTEMAR, como OO.PP. y el
Servicio Nacional de Pesca. Sin embargo, Larrañaga tiene un fuerte
competidor en el Vicealmirante Kenneth Pugh, quien gozaría del favor de
la Secretaría General de la Presidencia y de los poderosos asesores del
Segundo Piso de La Moneda.
La razón del favor hacía Pugh en esas
instancias es su excelente desempeño en los equipos de trabajo que están
elaborando la segunda revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad y
Defensa que, tras los pésimos resultados de las dos primeras versiones
presentadas en junio y septiembre del 2012 por el entonces Ministro
Andrés Allamand, fue retirada de Defensa y confiada al Ministerio
Secretaría General de Gobierno. La brillantez del Vicealmirante Pugh,
que encabeza el equipo que representa a la Armada en la revisión del
documento, aseguran algunos observadores, habría deslumbrado a los
asesores más cercanos al Presidente Piñera.
Menos feliz es la situación del
Vicealmirante Cristián de la Maza, tercero en la línea de sucesión. En
la madrugada del 27 de febrero del 2010, cuando la zona central y sur
del país fue afectada por un terremoto al que siguieron fuertes
marejadas, de la Maza tenía el grado de Contralmirante y era comandante
en jefe de la Escuadra Nacional, cuyas naves estaban aseguradas en el
Molo de Abrigo de Valparaíso. En la costa de las regiones Séptima y
Octava esas marejadas tuvieron las características de un tsunami, que
ocasionó graves daño en Talcahuano y otras áreas. En esas
circunstancias, se le ha criticado a De la Maza por no haber ordenado
inmediatamente la salida de los buques a alta mar, como correspondía
hacer tras la primera alerta de peligro de tsunami emitida en esa
madrugada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
(Shoa).
La situación ha llamado la atención de
la Jefa de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Solange Huerta, que
investiga las responsabilidades de los organismos públicos por la falta
de alerta oportuna frente al tsunami del 27 de febrero del 2010, con
resultado de muerte de 181 personas. Huerta citó a De la Maza, para
consultarle los motivos de su decisión de no sacar los grandes buques de
la Armada a alta mar. Este hecho parece se motivo de preocupación,
tanto al afectado como también a otros en la Armada, como parece indicar
el hecho de que la biografía actual de De la Maza en el sitio Web de la
Armada no consigna que este oficial comandaba la Escuadra Nacional en
el 2010.
La Gestión del Almirante González
Usualmente los gobiernos han acogido y
confirmado la propuestas de sucesión de los comandantes en jefe
salientes. Sin embargo, el oficial que en mayo del 2009 propuso como
sucesor el antecesor de González, almirante Rodolfo Codina, era el
Vicealmirante Cristián Gantes Young, primero en la línea de sucesión.
Sin embargo Gantes fue vetado debido a la existencia de una acusación
anónima, que le atribuyó haber participado en los hechos que provocaron
la muerte del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward en 1973.
Pese a que tan grave acusación se
originó en una carta anónima, ella fue investigada largamente por la
Justicia. Esta finalmente descartó la imputación, tras establecer que
Gantes, entonces guardiamarina, había pertenecido a la dotación de la
Esmeralda sólo hasta el 11 de septiembre de 1973, día en que recibió
órdenes de trasladarse hasta Talcahuano y presentarse en otra unidad
naval.
La misma investigación también precisó
que Woodward había sido detenido por efectivo navales el día 20 de
septiembre, cuando se le llevó a la Academia de Guerra Naval, donde fue
torturado, y que sólo fue trasladado a la Esmeralda el día 22, ya con
daños que finalmente derivaron en su deceso.
La inocencia de Gantes fue establecida
con claridad a fines del 2009, pero para entonces ese oficial ya había
perdido su opción de comandar la Armada. Muchos observadores, tanto al
interior de la Armada como fuera de ella, piensan que el verdadero
objetivo de las acusación anónima contra Gantes fue impedir que fuese el
sucesor del Almirante Codina en la Comandancia en Jefe de la
institución.
Según fuentes con acceso a los pasillos
del Ministerio de Defensa en el 2009, la nominación del Almirante
González, en contra de la propuesta del Almirante Codina, fue promovida
por la entonces Subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría (PPD). Ella
recomendó a González, describiéndole como un oficial comprometido con
los Derechos Humanos, respaldando sus afirmaciones en el papel que
habría jugado el almirante en la organización de un viaje de ex
detenidos políticos y sus familiares a los lugares que fueron centro de
detención en Isla Dawson, que se realizó a principios de noviembre del
2006.
Echeverría presentó el viaje como una
iniciativa de González, que en ese momento comandaba la Tercera Zona
Naval con el grado de Contraalmirante, aunque en realidad esté último
sólo siguió instrucciones emanadas del Ministerio de Defensa, que se
tradujeron en ordenes específicas emitidas por el Almirante Codina.
Durante el 2009 Echeverria desarrolló
una intensa campaña de promoción en favor de González, que encontró
acogida en el Ministro de Defensa Francisco Vidal, su compañero de
tienda política en el PPD. Estel persuadió finalmente a la Presidenta
Michelle Bachelet de que González, entonces jefe de la Directemar y
cuarto en la línea de sucesión, sería el más adecuado sucesor del
Almirante Codina como comandante en Jefe de la Armada.
Bachelet aceptó las credenciales pro
DDHH de González, sin reparar en otros aspectos de la hoja de servicio
de éste. Por ejemplo que en 1989, mientras se desempeñaba como ayudante
de órdenes del último Ministro de Defensa de la dictadura militar, el
Vicealmirante Patricio Carvajal, González fue seleccionado para hacer un
curso de tirador escogido con especialidad en armas cortas en la
tristemente celebre Escuela de las Américas –hoy redenominada Instituto
para la Cooperación en Seguridad en el Hemisferio Occidental- en Fort
Benning en los EEUU.
Es un dato curioso que haya hecho un
curso de esa naturaleza, considerando que el almirante no es ni buzo
táctico ni infante de marina, en un centro de instrucción que ha difundo
una doctrina de seguridad nacional de carácter represivo que impulsó
una ola de atropellos a los DDHH en América Latina entre los años
setentas y ochentas.
La información, que sin duda debe haber
formado parte del informe que Bachelet recibió y debió revisar antes de
decidir a favor de su nombramiento, también fue incluida inicialmente en
la descripción de la carrera del almirante, puesta en el sitio Web de
la Armada inmediatamente tras su asunción en junio del 2009, pero que
fue misteriosamente retirada pocos días después.
La gestión de González, que asumió su
cargo el 9 de junio del 2009, en una ceremonia presidida por la
Presidenta Bachelet que tuvo lugar en la Escuela Naval en Valparaíso, ha
sido complicada. El nuevo almirante en jefe se instaló con la idea fija
de expandir las capacidades de transporte y despliegue operativo de las
tropas anfibias del Cuerpo de Infantería de Marina. Esto no sólo
exigiría dotar de nuevas potencialidades a los infantes de marina,
incluyendo blindados anfibios y armamento de apoyo, antitanque y
antiaéreo, sino también de adquirir dos nuevos buques de transporte de
tropas. Todo eso demandaría recursos financieros y González se propuso
obtenerlos mediante la cancelación de otros proyectos de modernización y
desarrollo de su institución. Inicialmente intento postergar la
modernización de los dos submarinos 209-1200, uno de los proyectos
prioritarios de la Marina, pero la idea no fue bien recibida ni en el
cuerpo de almirantes ni en el Ministerio de Defensa, lo que le forzó a
descartarla.
A continuación el Almirante en Jefe
postergó el programa de compra de aviones de patrullaje aeromarítimo
C-295, del cual ya se habían encargado tres aeronaves. González
argumentó entonces que EEUU le había ofrecido aviones P-3B Orión de
segunda mano a sólo 2 millones de dólares cada uno, lo que se veía como
mucho más conveniente que los cerca de 30 millones que estaba costando
cada C-295 nuevo y equipado para patrullaje.
La idea, que no habría sido consultada
por González a las instancias correspondientes de la Aviación Naval, fue
aceptada de inmediato en el ministro Francisco Vidal, que rápidamente
canceló la planeada compra de otros cinco C-295. Pero a poco andar quedó
claro que el precio citado por González para los P-3B sólo cubría la
compra de esos aparatos tal como se encontraban almacenados en el
Desierto de Nevada, donde habían sufrido deterioro. Refaccionarlos y
dejarlos sólo en condiciones de volar hasta Chile costaría mucho más, y
después habría que hacer una inversión aún mayor para instalarles los
radares y otros sensores y equipos de comunicaciones necesarios para
cumplir sus tareas de exploración marítima.
Al respecto, algunos expertos citan como
referencia que, por los mismos trabajos, Brasil está pagando cerca de
100 millones de dólares por cada uno de sus P-3B modernizados. Incapaz
de asumir su error, González impulso en cambio la modernización de los
más viejos y limitados P-3A, que habían sido recibidos por la Armada a
principios de los años noventa y que tendrán que ser reemplazados de
todas maneras para el 2020.
El terremoto y posterior tsunami del 27
de febrero del 2010 significaron un gran problema para González, ya que
ni la saliente Presidenta Michelle Bachelet ni las autoridades nombradas
por el Presidente electo Sebastián Piñera, quedaron particularmente
impresionadas por su actuación frente a esa emergencia. Entre otras
cosas, porque esa madrugada el jefe naval no perdió en sueño con lo que
había sucedido. La base naval y el astillero de Asmar en Talcahuano
sufrieron grandes daños, a la vez que los accesos desde el mar a esas
instalaciones a través de la Bahía de Concepción habían quedado
bloqueados por numerosos buques pesqueros y mercantes hundidos. Las
tareas de despeje de la bahía y la base fueron realizadas con gran
eficiencia por la Armada, pero el mérito no es del Almirante González
sino del Contraalmirante Giancarlo Stagno, jefe de la Fuerza de Tarea
CORSA que se encargó de esos trabajos. Paralelamente la Fuerza de Tarea
Bío Bío, bajo el mando del Contraalmirante Matías Purcell y con el
refuerzo de un importante número de efectivos navales enviados desde
Valparaíso, prestó ayuda a la población de Talcahuano y trabajó en el
despeje y normalización de esa ciudad.
Pero el 27F también ofreció una
oportunidad para que González avanzase en su proyecto estrella. Las
naves de la Armada trabajaron intensamente llevando ayuda a las
comunidades afectadas, tanto en el litoral continental como en
territorios insulares como el archipiélago de Juan Fernández. La nave
que fue sometida al uso más intenso, por su gran capacidad de
transporte, fue la barcaza de transporte de tanques “Valdivia”.
De esa manera González puso presión
sobre La Moneda y el Ministerio de Defensa, presentándoles una situación
en que las capacidades navales de transporte, que habían sido muy
importantes para atender la emergencia generada tras el terremoto,
quedarían seriamente disminuidas. Sin embargo, una vez más el jefe naval
se apartó de los planes de la Armada, que habían apuntado siempre a
contar con una unidad de transporte más capaz, pero no deshaciéndose de
la “Valdivia” sino conservándola junto a la nueva nave.
González lo justificó dentro de su
institución planteando que de todas maneras buscaba adquirir dos buques
de transporte. La alternativa preferida por el almirante era el
“Foudre”, que estaba ofrecido por Francia. Esa preferencia encontró
apoyo en el entonces Ministro de Defensa Jaime Ravinet.
Tras la salida de este último, González
debió abocarse a entusiasmar con la misma idea al nuevo jefe de la
cartera de Defensa, Andrés Allamand. La tarea no fue fácil, porque una
de las primeras situaciones que Allamand debió atender, tras asumir a
mediados de enero del 2011, fue una irregularidad relacionada con
servicios de asesoría contratados para la Regata Bicentenario,
organizada por la Armada y realizada el año anterior.
Contraloría había detectado que la
Armada había pagado 6 millones de pesos, por conceptos de servicios de
asesorías recibidas bajo un contrato que había sido adjudicado en
licitación pública a la firma CPA Comunica, al periodista y abogado
Cristian Pizarro Allard. El pago no correspondía porque, aunque también
laboraba para esa firma de comunicaciones estratégicas y lobby, Pizarro
Allard se desempeñaba además desde el 2010 en la Embajada de Chile en
España, adonde el embajador y ex Senador de RN Sergio Romero le había
llevado como agregado cultural. Otra de las aristas sombrías del caso es
que el director ejecutivo de CPA Comunica era entonces, como sigue
siendo hoy, el Vicealmirante (r) Cristián Millar Drago, quien se retiró
de la marina en enero del 2009.
Pese a que sus relaciones con Allamand
no fueron fáciles, González logro finalmente convencerle respecto de la
adquisición del “Foudre”, que se concretó a fines del 2011 con el
traspaso de la nave a Chile y su rebautizo como “Sargento Aldea”.
A partir de esa compra, el jefe naval se
abocó a crear una Brigada Anfibia Expedicionaria (BAE), que se declaró
operativa durante el 2012 pero que sigue en desarrollo. Aunque el
sucesor de González deberá seguir trabajando en el desarrollo de las
capacidades de proyección derivadas de la compra del “Sargento Aldea” y
la creación de la BAE, también deberá buscar soluciones a los problemas
generados por las postergaciones de otros planes introducidas por el
actual Comandante en Jefe.
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